Buena parte de los análisis sobre la medida de salvaguardia general se centran en discutir sus efectos aisladamente. Sin desconocer el valor de dichos esfuerzos –  cuando se hacen con argumentos, evidencia, libres de fanatismos y sin mala fe– hace falta preguntarse si la medida ayuda a profundizar y dar sostenibilidad al modelo económico del país.

El Gobierno Nacional le ha hecho una apuesta a gestionar adecuadamente nuestro esquema monetario, incluso considerando las restricciones que este implica para la política económica. Años antes, la política respecto a la dolarización consistía en dejar el esquema a la deriva de lo que suceda en la economía internacional. Ahora, y en el trasfondo de la medida de salvaguardia, se encuentra una visión diferente respecto al tratamiento de los flujos de divisas en dolarización: Se deben hacer esfuerzos por promover su ingreso, dinamizar su uso dentro del país y cuidar su salida. Esto cobra más sentido si pensamos que la importante inyección de recursos a la economía –otro de los pilares del modelo económico del Gobierno– no podrá cumplir a cabalidad su rol si buena parte de los mismos se escapa del país a renglón seguido. Temporal, limitada y perfectible, la salvaguardia aborda este problema.

Además de preservar la salida de recursos, la medida se conecta con otro de los preceptos del modelo económico del Gobierno: El cambio de matriz productiva. La salvaguardia genera certidumbre para aquellos productores nacionales que pueden reaccionar en el corto y mediano plazo. Recordemos, por ejemplo, lo beneficiosa que resultó la medida de salvaguardia de 2009 para el sector del calzado ecuatoriano. Por supuesto, habría que resaltar que una estrategia de transformación productiva que trascienda la coyuntura requiere transitar de políticas arancelarias temporales hacia la profundización de una agenda regulatoria para sustituir importaciones e impulsar la producción y el consumo local.

Por otra parte, la salvaguardia no debe comprenderse como un esfuerzo aislado o que agota opciones en materia de política pública. En este punto, quiero ir más allá de mencionar que hay otras medidas en marcha y que, por supuesto, falta mucho por hacer. Más bien, quiero señalar que la política de salvaguardia general es una señal adecuada respecto al direccionamiento de la política económica. No debemos olvidar que la política y la propia política pública son espacios de permanente disputa de intereses y sentidos. En un “año difícil”, como denomina el presidente Correa a esta coyuntura, estas disputas emergen y contraponen a quienes apuestan por la profundización de un modelo económico distinto y a quienes aúpan, desde diversas trincheras, por el retorno a la austeridad y la desregulación.

La salvaguardia temporal, la ley de incentivos para la producción, la búsqueda de financiamiento para sostener el programa de inversión pública y la puesta en marcha de una primera fase de agenda regulatoria para sustituir importaciones y promover la producción local de manera estructural, son ejemplos de decisiones adecuadas en la línea de fortalecer un modelo de economía que pone a los seres humanos y al país por encima de los grandes capitales.

La historia ha demostrado que para esos grandes capitales las coyunturas de crisis mundial se vuelven grandes oportunidades para presionar a los gobiernos a favorecer únicamente sus intereses y sostener sus tasas de ganancia. En el Ecuador existen las condiciones para apropiarse de esa lectura de oportunidad y pensar que si bien un “año difícil” requiere que todos arrimemos el hombro, es también el momento para consolidar un modelo económico distinto, siempre y cuando la disputa de sentidos y decisiones de política pública se siga inclinando en favor de la justicia social, la redistribución y la canalización de liquidez para el desarrollo del país.